Uno de los derechos humanos que el Gobierno cubano afirma garantizar al pueblo es el derecho a la educación. Y es cierto. Dejando a un lado la pregunta sobre el origen del presupuesto estatal para financiar la enseñanza a todos los niveles, y la relación entre los bajos salarios pagados por el Estado y la gratuidad de la educación, debemos reconocer que en Cuba todos podemos acceder a esta? mientras no osemos expresar oposición o inconformidad con el régimen. La prueba: la expulsión de la estudiante Karla Pérez González de la Facultad de Periodismo en la Universidad Marta Abreu, en Santa Clara, por pertenecer al movimiento Somos+.
Según el artículo noveno de la Constitución de la República de Cuba, el Estado garantiza “que no haya joven que no tenga la oportunidad de estudiar”. Pero como no se aclara que esta garantía depende de la lealtad política del joven al Gobierno, al sistema llamado socialista y al Partido (único legal) Comunista de Cuba, la expulsión de Karla Pérez viola la propia Constitución Cubana. Sobre el derecho a la educación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (de la que el Estado cubano es signatario) establece: “La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”. En Cuba, el principal mérito no es solo ser revolucionario, sino serlo de acuerdo al concepto del fallecido expresidente Fidel Castro.
El caso de Karla no es el primero, y es tan triste como probable que no será el último, de expulsiones a estudiantes de centros universitarios con el argumento de que “la Universidad es para los revolucionarios”. Por décadas, los cubanos hemos aceptado esto, y hasta sentido gratitud cuando hemos visto que “ahora son un poco más flexibles”. Como si el PCC, Fidel Castro y su hermano Raúl Castro, actual presidente, financiaran con sus propios bolsillos, la educación en Cuba.
Si fuese así, por supuesto que tendrían no solo el derecho de exigir lealtad política a cada estudiante, sino además que todos fuesen miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Entonces tendrían que admitir que ni siquiera la educación estatal, incluso gratuita (si la educación en un país pudiera ser gratuita) garantiza este derecho a todos.
Para que en Cuba realmente “no haya joven que no tenga la oportunidad de estudiar”, es preciso despolitizar el derecho a cualquier nivel de enseñanza. O permitir la creación de universidades alternativas, donde puedan estudiar los ciudadanos cubanos que no sean afines al Gobierno y el partido único.
Suele afirmarse que la Revolución, al implantar la enseñanza pública, la convirtió en garantía para todos. Pero esta enseñanza existía, junto a otras formas, como la privada. Lo que hizo la Revolución fue eliminar esas otras formas. Y subordinar la educación a los intereses de la sociedad llamada socialista, violando el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, como también establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En Cuba, los padres no pueden educar a sus hijos en casa, una opción conocida como homeschooling, popular en países como el Reino Unido. El pastor Ramón Rigal y su esposa, quienes pretendían recurrir a esta práctica para la educación de sus hijos, y ofrecieron hacerlo bajo supervisión de la escuela, fueron detenidos y esperan juicio por “impedir el desarrollo normal de un menor”.
La posibilidad de que algunos padres educaran a sus hijos en casa podría ser un alivio para el Estado cubano, que muchas veces no cuenta con suficientes maestros y se ha visto obligado a emplear profesionales de otras esferas para esta labor.
En las escuelas primarias y secundarias, incluso en el preuniversitario, los alumnos suelen pasar tiempo sin recibir una asignatura por falta de maestros, o se las imparte uno que carece de la preparación apropiada. O se recurre a alternativas fallidas como las clases televisadas.
Un niño educado por sus padres en casa, y sometido a los exámenes que deben rendir todos los alumnos en el país, sería un niño menos al que garantizar maestro sin que las aulas estén abarrotadas, lo que también entorpece el proceso docente. Pero es también un adoctrinado menos. Es uno que no repetirá ni creerá que debe ser como Ernesto Guevara, ni que es Fidel Castro. Algo que el Estado cubano no puede permitirse.
Nuestro Estado tiene entonces dos opciones: admitir ante el pueblo y los organismos internacionales que solo garantiza a sus ciudadanos, de forma parcial y selectiva, el derecho a la educación, y además viola el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que recibirán sus hijos. O admitir la creación de escuelas alternativas, incluso privadas, en todos los niveles de enseñanza.
Originalmente publicado en Diario de Cuba Yusimí Rodríguez López
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