La sociedad cubana "constituye un entorno propicio para que las instituciones estatales y los actores no estatales fomenten y se beneficien de diversas formas de trata de personas", advierte la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) en una carta abierta a Maria Grazia Giammarinaro, relatora especial de Naciones Unidas sobre ese flagelo, quien visitará esta semana la Isla.
La organización acoge "con beneplácito" la visita de Giammarinaro a Cuba, invitada por el Gobierno de Raúl Castro, y le expresa su voluntad de ayudar a sus esfuerzos. No obstante, le alerta que su tarea "no será fácil" y "enfrentará importantes desafíos".
La "falta de libertades básicas como la de expresión, de prensa y el derecho a libre asociación", son lagunas de las características del sistema cubano que facilitan la trata de personas, señala la FDHC en su carta a la relatora, firmada por su director ejecutivo, Juan Antoni Blanco.
"El sistema político cubano no permite establecer sindicatos libres ni ninguna otra organización ciudadana que no esté sujeta al control gubernamental", explica. "La combinación de la creciente pobreza y la falta de libertades básicas empuja a muchos ciudadanos a adoptar diversas estrategias de supervivencia como el ejercicio de la prostitución, pero también permite que las instituciones estatales se involucren en prácticas criminales, como el tráfico de trabajo no libre", añade.
La FDHC resalta que el Código Penal cubano "no tipifica como delito todas las formas de trata y explotación sexual de personas y continúa sin considerar criminales ciertas acciones cometidas contra menores de edad entre 16 a 18 años a los que la legislación cubana estima adultos".
Asimismo, el Código Penal "incluye una coartada que autoriza a ejercer la represión en contra de cualquier persona (?) con el pretexto de garantizar la seguridad ciudadana: las llamadas 'leyes de peligrosidad social', similares a las aplicadas en la Italia de Mussolini", indica.
La "peligrosidad social predelictiva", utilizada con frecuencia contra opositores, es un cargo que permite a las autoridades detener y encarcelar a personas con el pretexto de que es probable que cometan un delito. La sanción puede ser de hasta cuatro años de prisión.
"Miles de mujeres han ido a la cárcel exclusivamente sobre la base de una evaluación caprichosa por un policía que decidió que estaban usando un vestido atractivo o estaban hablando con un turista", critica la FDHC.
Destaca que un nuevo grupo de mujeres, el Movimiento Dignidad, "que exige la supresión de tal aberración jurídica 'y la inmediata liberación de los encarcelados arbitrariamente en la actualidad por esa razón' es reprimido con fuerza desde que su existencia se hizo pública".
Por otra parte, la organización advierte que "la lucrativa exportación estatal" de servicios profesionales, principalmente médicos, contiene "algunas de las características" de la "esclavitud moderna".
"Las autoridades cubanas pagan (a los profesionales) solo una fracción (menos del 20%) de los ingresos obtenidos a través de su trabajo, usualmente en lugares de riesgo, y obligan a los participantes a permanecer en el programa", amenazando con retirarles sus licencias médicas si lo abandonan.
"Los médicos y las enfermeras que trabajan en estos proyectos han proporcionado informes de condiciones de trabajo y condiciones de vida deficientes y la presencia de 'cuidadores' que conservan sus pasaportes y vigilan" sus actividades y sus relaciones personales "fuera del trabajo", detalla la FDHC a Giammarinaro.
"Considerar que ingresan voluntariamente a estos contratos equivale a ignorar que lo hacen bajo la presión política de las autoridades cubanas y bajo la coerción económica de sus bajos ingresos en Cuba", opina la organización.
Aunque la empresa estatal cubana que exporta los servicios profesionales se queda con la mayor parte de lo que pagan los países de destino, las llamadas "misiones en el exterior" siguen siendo atractivas para los trabajadores de la Isla "en comparación con los ridículos salarios promedio que ganan en Cuba (alrededor de 26 a 67 dólares estadounidenses por mes)", argumenta.
La FDHC califica de "preocupante" que abogados cubanos independientes y otras asociaciones de la sociedad civil se hayan enterado de la visita de la relatora solo por la prensa estatal.
"La élite del poder cubano es incapaz de hacer viable la economía, pero es bastante eficiente para reprimir las voces independientes. Son expertos en llevar a celebridades y VIP a un Magical Mystery Tour en la que tratarán de impresionarlos con Potemkin Villages y con vitrinas como CENESEX", afirma.
"Por favor, tenga en cuenta que usted no está visitando una sociedad abierta", dice la FDHC a Giammarinaro. "Los mensajes que escuchará fueron cuidadosamente escritos y ensayados de antemano para su visita. El acceso a su delegación será estrechamente filtrado y monitoreado", le alerta.
Por último, la FDHC expresa a la relatora su disposición de "ayudarle en la coordinación de entrevistas con representantes independientes de la sociedad civil durante su viaje o una vez que esté de vuelta en Europa".
Publicado en:http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/1491826140_30287.html
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