La Asamblea Constituyente de Venezuela dio el martes un nuevo paso en su ofensiva contra la oposición, al anunciar que enjuiciará por "traición a la patria" a líderes a quienes acusa de promover las sanciones de EEUU contra el país, reportó la AFP.
Los constituyentes aprobaron un decreto para iniciar "conjuntamente con los órganos del Estado un juicio histórico por traición a la patria contra los que estén incursos en la promoción de estas inmorales acciones contra los intereses del pueblo venezolano".
Aunque el documento no menciona a nadie en particular, los asambleístas que intervinieron en la sesión acusaron a la dirigencia opositora, y en particular al presidente del Parlamento, Julio Borges, y a su vicepresidente, Freddy Guevara.
"Sabemos que Freddy Guevara es un delincuente y tiene que pagar, que Julio Borges es otro delincuente que tiene pagar, ellos no tienen patria", arengó la asambleísta Iris Varela, arrancando aplausos de sus colegas, todos chavistas.
La Constituyente decidió además solicitar a los órganos del Estado "el inicio inmediato de las investigaciones" contra los acusados.
El juicio se iniciará ante un llamado del presidente Nicolás Maduro, quien señala a Borges como el principal responsable de alentar las sanciones que prohíben "transar nueva deuda emitida por el Gobierno de Venezuela y la petrolera estatal" PDVSA.
El delito de traición a la patria, según el Código Penal, contempla una pena de 20 a 30 años de prisión.
Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ?acusado de servir a Maduro?, propuso el 15 de agosto ante la Constituyente elevar la pena máxima de ese delito a "más de 50 años".
Según la oposición, en Venezuela hay unos 590 "presos políticos".
Tras las medidas del Gobierno de Donald Trump, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció el domingo que respalda cualquier sanción contra la Administración de Maduro.
"Sanciones de quien sea a vagabundos, violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos siempre contarán con nuestro apoyo", señaló la alianza en un comunicado.
El considerado número dos del chavismo y asambleísta, Diosdado Cabello, quien leyó el decreto, dijo que la oposición no solo alienta sanciones económicas, sino "invasiones", en alusión a la advertencia de Trump de valorar una "opción militar" frente a la grave crisis política y económica venezolana.
"Debe aplicárseles todo el peso de la ley", exigió.
Borges también está siendo investigado por la "comisión de la verdad", una instancia de la Constituyente que documenta la "violencia política" desde que el chavismo llegó al poder en 1999.
"Julio Borges denigra de la forma más vil al venezolano (a), considerándolo una amenaza a la región para justificar intervención imperial", expresó más temprano en Twitter Delcy Rodríguez, presidenta de la Constituyente.
Antes del debate de la Constituyente, Borges desestimó las acusaciones.
"Traición a la patria es robarse el dinero de los venezolanos (...), traición a la patria es arrodillarse frente a (el Gobierno de) Cuba o cualquier otro gobierno extranjero, traición a la patria es que hoy los venezolanos coman basura en la calle, que la gente se muera porque no hay medicinas", declaró el diputado a periodistas.
La ONU espera 'medidas' ante los abusos en Venezuela y dirimir responsabilidades
La ONU pidió este miércoles al Consejo de Derechos Humanos que tome medidas para prevenir un deterioro en Venezuela ante las "extensas" violaciones de derechos humanos cometidas en ese país en el marco de las protestas antigubernamentales, y expresó su deseo de que sus denuncias sirvan para exigir responsabilidades.
"Voy a urgir al Consejo a que tome medidas que eviten que la situación de derechos humanos empeore en Venezuela, pero depende de este órgano decidir qué medidas tomará, ya sea en la forma de un mecanismo de supervisión, informes regulares o una comisión de investigación", declaró en una rueda de prensa el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid R'aad al Hussein.
La ONU no tiene acceso al país andino desde al menos 2014, por lo que el organismo pidió de nuevo al Gobierno del presidente Nicolás Maduro que le permita visitas "in situ".
Para el diplomático jordano la democracia en Venezuela "está apenas viva, si es que sigue viva".
Pese a ello, la ONU no apoya la imposición de sanciones a Venezuela si "empeora la situación de los derechos sociales y económicos de los venezolanos", afirmó el abogado de derechos humanos del organismo, Hernan Vales.
Lo que sí espera la ONU es que su investigación sirva para la rendición de cuentas de los responsables de los abusos y que sea utilizada por la comunidad internacional y organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) para, entre otras cosas, determinar si se han cometido crímenes contra la humanidad.
El informe no se refiere a posibles crímenes contra la humanidad, porque no era su propósito, "pero tampoco lo excluye", por lo que "hacen falta más investigaciones", dijo Vales.
La OEA prevé comenzar en septiembre una serie de audiencias para determinar si hay fundamento para que alguno de los Estados miembros lleve a Venezuela ante la Corte Penal Internacional, y lo hará con el asesoramiento del exfiscal de ese tribunal Luis Moreno Ocampo.
En paralelo la ONU espera de Caracas que investigue de manera rápida y efectiva las violaciones cometidas, lo que incluye que las pesquisas iniciadas por la exfiscal venezolana Luisa Ortega "continúen de manera imparcial", recalcó Zeid.
La ONU hizo estas consideraciones en el marco de la presentación del informe definitivo sobre las violaciones cometidas en Venezuela entre el 1 de abril y el 31 de julio, en lo que define como una "política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones".
El documento de 39 páginas del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) se basa en 135 entrevistas realizadas a distancia ?desde Panamá y Ginebra? a víctimas y sus familiares, testigos, representantes de ONG, periodistas, abogados, médicos, paramédicos y el Ministerio Público venezolano.
La ONU detalla en el informe el uso de fuerza excesiva y letal, posibles ejecuciones extrajudiciales, malos tratos e incluso torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas temporales, allanamientos ilegales y violentos de viviendas particulares, juicios militares contra civiles y ataques contra periodistas y opositores.
En las protestas antigubernamentales murieron 124 personas hasta el 31 de julio, aunque desde entonces hubo seis fallecidos más, según el abogado de derechos humanos de la ONU Carlos de la Torre.
Las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 muertes, los "colectivos" progubernamentales armados de 27 y, según estimaciones de la ONU, al menos cuatro muertes fueron causadas por grupos o personas afines a la oposición.
El informe se refiere además a 5.051 detenciones arbitrarias en el marco de las protestas, si bien Vales elevó este miércoles la cifra a 5.341 personas, de las que 822 siguen arrestadas.
También ha actualizado hasta 726 el número de civiles sometidos a la justicia militar, en su mayoría personas consideradas opositoras.
El ACNUDH ha registrado "varios casos de desapariciones forzadas temporales" y ha determinado que en casi todos los casos de detención las fuerzas de seguridad sometieron a los detenidos, inclusive a los niños, a una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, equivalentes en varios casos a tortura.
Los testigos revelaron prácticas como descargas eléctricas, golpes, la suspensión en el aire de su cuerpo durante períodos prolongados o quemaduras por cigarrillos.
Las fuerzas también obligaron a algunos detenidos a estar arrodillados por largo tiempo o escuchar canciones y consignas progubernamentales durante horas, y emplearon gases lacrimógenos y otros productos químicos en espacios confinados o los aplicaron directamente a las vías respiratorias para estimular la asfixia.
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Publicado en:http://www.diariodecuba.com/internacional/1504105949_33633.html
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