Entre los funcionarios sancionados por el Consejo Federal de Suiza destaca Maikel José Moreno Pérez, presidente Supremo venezolano, Tarek William Saab Halabi, fiscal general y el dirigente chavista Diosdado Cabello, entre otros
El Consejo Federal (gobierno) de Suiza promulgó este miércoles unas sanciones contra Venezuela y congeló los fondos de siete ministros y altos funcionarios "a causa de las violaciones a los derechos humanos y al deterioro del Estado de derecho y de las instituciones democráticas"
Suiza justifica las medidas "a causa de las violaciones a los derechos humanos y al deterioro del Estado de derecho y de las instituciones democráticas", informó el ejecutivo en un comunicado.
Las sanciones, que tomarán efecto a las 18.00 hora local helvética, siguen así las impuestas por la Unión Europea.
Entre ellos destaca Maikel José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia "por haber facilitado y apoyado las acciones y políticas del Gobierno que han socavado la democracia y la ley y el orden en Venezuela, y es responsable por acciones que han usurpado la autoridad a la Asamblea Nacional".
También ha sido sancionado Tarek William Saab Halabi, fiscal general porque "en su previo rol como Defensor del Pueblo socavó la democracia y la ley y el orden en Venezuela por apoyar acciones contra oponentes del Gobierno y el retiro de competencias a la Asamblea General".
Asimismo, la medida afecta a el vicepresidente primero del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, "envuelto en socavar la democracia y la ley y el orden en Venezuela".
También ha sido sancionado el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Luis Revero, a quien Suiza considera "responsable de serias violaciones a los derechos humanos y represión de la oposición democrática en Venezuela, incluyendo la prohibición y represión de manifestaciones políticas".
El jefe del Servicio Nacional Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), Gustavo Enrique González López, también es sancionado por ser supuestamente "responsable de serias violaciones a los derechos humanos (incluyendo detenciones arbitrarias, trato inhumano y degradante y tortura), y represión de la sociedad civil y la oposición democrática".
La medida también afecta a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena Ramírez porque "sus acciones y políticas han socavado la democracia y la ley y el orden en Venezuela, incluyendo al facilitar el establecimiento de la Asamblea Constituyente".
