esto se publica en http://www.cubadebate.cu/
A comienzo del año 2016, Cuba ganó una larga batalla judicial en Estados Unidos contra la empresa Bacardí sobre los derechos de la marca Havana Club. La Oficina de Patentes y Marcas norteamericana reconoció a Cubaexport como legítimo representante internacional del famoso ron.
El enfrentamiento entre La Habana y Bacardí, sin embargo, se remonta al triunfo de la Revolución, cuando sus destilerías y almacenes fueron nacionalizados en beneficios de la mayoría de los cubanos. Los dueños siguieron con el negocio en Bermudas, México y Puerto Rico, hasta convertirse en líderes mundiales del negocio de las bebidas espirituosas.
Pero Bacardí nunca abandonó sus intenciones de recuperar el “imperio” cubano, sin importar el método o el precio.
Otto Reich y Roger Noriega, dos agentes de la CIA para América Latina y con fuertes vínculos con la Bacardí, se sumaron en 1994 a la redacción e impulso de la Helms-Burton en defensa de los objetivos de la empresa.
Entre los múltiples patrocinadores del proyecto había diferencias. La línea de los antiguos testaferros de la dictadura de Fulgencio Batista y mafiosos agrupados en la Fundación Nacional Cubano Americana defendían que las propiedades nacionalizadas fueran subastadas para pagar en efectivo a los posibles demandantes. Mientras, el equipo Bacardí prefería que las propiedades fueran devueltas íntegramente.
Finalmente, la empresa ronera se hizo con la suya. No por gusto algunos llaman a la Helms-Burton la Ley Bacardí.
“La FNCA hizo mucho trabajo de lobby, pero quien redactó realmente la Ley Helms-Burton fue la compañía Bacardí, y quien colocó el dinero, la gran mayoría del dinero, fue la Bacardí”, según el periodista colombiano Hernando Calvo Ospina, quien escribió un libro sobre la empresa.
Nicolás (Nick) Gutiérrez, el presidente de la llamada Asociación de Hacendados Cubanos en Estados Unidos, fue otro de los abogados que se sumó a la redacción de la Helms-Burton de la mano de Bacardí.
Pero Gutiérrez tenía sus propios intereses como bisnieto del empresario de origen español Nicolás Castaño Capetillo, considerado a comienzos del siglo pasado el hombre más rico de Cienfuegos y uno de los más acaudalados de Cuba.
La familia de Gutiérrez, que tuvo importantes vínculos con Batista, reclama dos ingenios azucareros, fincas para la cría de ganado, un banco y una compañía de seguros, entre otros activos.
Pero si uno se deja llevar por las declaraciones del presidente de la Asociación de Hacendados, sus derechos se extienden por la mitad de la ciudad de Cienfuegos.
Gutiérrez tiene también el mérito de haber recomendado a George W. Bush limitar a una vez cada tres años las visitas de los cubanoamericanos a su país de origen.
Existen propietarios estadounidenses que no fueron aceptados por la Comisión Federal de Resolución de Reclamaciones Extranjeras que buscan interponer recursos al amparo del Título III.
Aunque parezca un chiste, ese es el caso de la familia del mafioso estadounidense Meyer Lansky, mano derecha de Lucky Luciano y el que convirtió la mafia siciliana de Nueva York en un negocio trasnacional.
Meyer Lansky poseía el hotel Riviera de La Habana, y el casino que había en su interior. Ahora la hija y el nieto del gánster reclaman una compensación de ocho millones de dólares por su “pérdida”.
Su demanda, hasta el momento, no ha sido escuchada por las autoridades estadounidenses.
Cuba hace una diferencia clara entre las nacionalizaciones a empresas y compañías legítimas, que se llevaron a cabo por decisión soberana y en beneficio de la mayoría de la población, y las confiscaciones de bienes mal habidos, testaferros de la dictadura, torturadores, mafiosos y criminales.
Son precisamente estos últimos quienes sueñan con regresar a Cuba de la mano de la Helms-Burton y quienes son los únicos beneficiaros de la ley que cumple este martes 23 años de frustraciones.
