Inusual combinación de poder se empecina en colocar a Río Mar, un restaurante privado, en el banquillo de los acusados. ¿Quién viola las reglas esta vez?
Río Mar ocupa un espacio envidiable, se encuentra sobre la orilla oeste del río Almendares, justo en la desembocadura, frente al otrora Torreón de Santa Dorotea de la Luna de la Chorrera, fortaleza erigida en 1646, hoy Mesón de La Chorrera, y ese pequeño detalle le otorga un valor agregado junto al pedigree de sus dueños: la siempre observada y muy estigmatizada familia de los ex militares condenados en 1989, Antonio y Patricio de La Guardia.
Ubicado en la 3ra avenida entre calle C y Final, La Puntilla, barriada de Miramar; Río Mar se ha convertido en la preferencia de clientes nacionales e internacionales que le califican como uno de los mejores de Cuba. Abierto desde el 2012, el paladar mantiene una inmejorable oferta que mezcla, en su justa medida, calidad gastronómica, exquisito servicio y un delicioso entorno, amén de la fabulosa vista de La Habana y su malecón.
Lo preocupante en este caso no es la supremacía de mandos que existe en la isla, sino ver y aceptar con pasmosa tranquilidad que los poderes judicial y legislativo funcionan como un bufete privado al servicio del ejecutivo que, en Cuba, además de ser sinónimo de Castro, entorpece el desempeño del trabajo por cuenta propia y de toda la sociedad.
Vecinos del lugar aseguran que Río Mar no viola el horario de cierre establecido por la ley para este tipo de inquietud empresarial, no incumple las normativas que regulan el bullicio, no se le puede acusar de incurrir en trámites fraudulentos en la compraventa de la vivienda porque el inmueble, de siempre, pertenece a la familia. Pero fuentes cercanas al proceso investigativo aseguran que la jugarreta al negocio, no se origina en el grupo de atención al trabajo por cuenta propia, que es la entidad encargada de velar por la organización, el control y de regular todo lo concerniente a la iniciativa privada, tampoco en el Tribunal, ni en la Policía, mucho menos en el Consejo de Administración Provincial.
La investigación fue autorizada por la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional, ese inquietante grupo con cara y sin identidad legal, y ordenada por la Contraloría General de la República de Cuba, que es el engranaje estatal creado para ejercer la fiscalización sobre los órganos del poder público, la administración de su patrimonio, y la prevención y lucha contra la corrupción administrativa, no para gastar recursos investigando a pequeños negocios privados.
?Tremenda canallada. Mira, no soy inspector, ni dueño, ni tengo acceso a la información que pueda manejar la Contraloría?ni ocho cuartos. No tengo más datos que el conocimiento de trabajar en este restaurant y eso me permite saber que esta gente no entra en ilegalidades y que respeta las normativas que regulan a los cuentapropistas porque ellos saben, mejor que nadie, que su apellido los mantiene constantemente bajo el ojo acusador del gobierno y sus secuaces?, asegura, con auténtica virulencia, un trabajador del lugar.
Publicado en:http://www.martinoticias.com/a/rio-mar-alejandro-castro-cuba/140078.html
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