La Audiencia Nacional de España rechazó este viernes extraditar a la exenfermera de Hugo Chávez, su marido y otra persona relacionada con la petrolera PDVSA. Los tres serían procesados por vulneración de derechos fundamentales en el caso de ser entregados.
Fuentes de este órgano judicial informaron que el pleno de la Audiencia Nacional, compuesto por una veintena de magistrados, analizó este viernes las reclamaciones después de que tres de sus salas se pronunciaran de manera distinta.
Mientras que dos salas dieron luz verde a la entrega de la enfermera de Chávez y de su marido (quien fue el conductor del también líder chavista), una tercera optó por rechazar la de José Ramón Sánchez Rodríguez en relación con PDVSA, donde fue contable. La decisión revocó las otras dos sentencias y confirmó que no se extraditaría al venezolano relacionado con corrupción en la petrolera.
Además, en el caso de Sánchez, los magistrados que se negaron a entregarlo por presunta corrupción, rechazaron extraditarlo al considerar que podría sufrir maltrato si era entregado. Para apoyar este argumento, la Sala se basó en que dos detenidos por su relación con la petrolera, Diego Salazar y Enrique Luongo, llevan más de un año en los calabozos del servicio de inteligencia venezolano (Sebin) y solo recientemente han pasado a disposición del juez sin que la Fiscalía venezolana acudiera a la vista.
En cambio, la Audiencia Nacional no vio ningún peligro en extraditar a la enfermera, Claudia Patricia Díaz Guillén, y al considerado guardaespaldas de Chávez, Adrián Velásquez Figueroa, acusados de haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para "blindar" una fortuna no declarada y fruto de la sustracción de dinero público, según la reclamación de la Fiscalía de Venezuela.
La mujer, además de ser asistente de Chávez, durante dos años fue tesorera del Gobierno venezolano como responsable del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden), de donde salió al mes de que muriera el presidente de Venezuela, según ella, por negarse a firmar unos documentos cuando el gobernante estaba en su lecho de muerte.
En el caso de este matrimonio, en el que ambos aseguraron que tuvieron que huir del país, el tribunal entendió que no eran opositores al presidente Nicolás Maduro porque este es "continuista" de Chávez, al que sirvieron, y que por ello no sufrirían represalias, pese a la alegación de persecución política que ambos hicieron.
Con la decisión de este viernes, el fallo de la Audiencia Nacional corrige la decisión de entregarlos ante la situación política que atraviesa Venezuela, donde, de haber sido extraditados, podrían haber sufrido vulneración de sus derechos fundamentales
