El Comité de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas, que sesiona en Ginebra, Suiza, ha cuestionado la estructura del sistema judicial cubano. Varios relatores han pedido aclaraciones y han realizado recomendaciones a los funcionarios de La Habana, tras la presentación de su informe sobre el tema.
El relator español Juan José López Ortega recordó al diplomático cubano Pedro Luis Pedroso Cuesta que es "necesaria la ratificación del Protocolo Facultativo contra la Tortura, reconocer la competencia de la Corte Penal Internacional y ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es la madre de todos los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos".
López Ortega se refirió a la "importante función de las instituciones nacionales de derechos humanos" y en tal sentido preguntó por qué no funciona una en la Isla que sea reconocida por el Gobierno.
Insistió al representante cubano que "la tipificación del delito de desaparición forzada es necesaria" así como que las investigaciones de estos delitos estén a cargo de una "justicia independiente".
Recordó que en el 2013 el Comité se pronunció categóricamente "porque, con independencia del sistema nacional, los tribunales militares no deben de tener a su cargo ni las investigaciones, ni el enjuiciamiento de este tipo de crímenes".
"Nosotros, por el contrario, observamos ?y ustedes se refieren a ello? que la competencia de la jurisdicción militar es extraordinariamente amplia en su sistema", señaló.
Sobre la independencia judicial ?que el Gobierno dice no es comprendida por aquellos que lo acusan de tutelar a jueces y tribunales en la resolución de los casos?, López Ortega dijo que "los órganos de las Naciones Unidas sí han detectado problemas estructurales de independencia. No en el ejercicio o resolución de un caso concreto, pero sí en el diseño institucional del poder judicial", criticó.
Mencionó artículos de la Constitución en los que se establece un principio de subordinación jerárquica de los jueces y tribunales a los órganos del Ejecutivo y del Legislativo e insistió en que en el año 2012 ya el Comité contra la Tortura de la ONU "recomendó expresamente que Cuba acometieran políticas para solventar este déficit estructural".
Otro relator, Daniel Figallo, criticó que, amparado en la legislación, el Gobierno puede "actuar en ciertas circunstancias y ciertos territorios para regular precisamente el derecho a la inviolabilidad de domicilio o el derecho a la libertad personal".
Puso en duda otros artículos del Código Penal, entre ellos el número 64, "de incompatibilidad con el derecho internacional en torno a la responsabilidad de los superiores".
"Se dice que como no hay desaparición forzada, tampoco hay un sistema específico para la protección de testigos sobre esta materia", cuestionó Figallo.
En tal sentido, pidió a la delegación de La Habana que abundara sobre cómo funciona el sistema de protección en realidad. "Lo que ocurre muchas veces frente a la ausencia de un sistema es que no hay denunciabilidad", opinó.
La ONU define las desapariciones forzadas por tres elementos acumulativos: la privación de libertad contra la voluntad de la persona interesada; la participación de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por aquiescencia, y la negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.
Según el diario oficial Granma, el Gobierno cubano "participó activamente en las negociaciones que condujeron a la adopción del Comité contra la Desaparición Forzada y fue uno de los copatrocinadores principales de la resolución de la Asamblea General que aprobó la Convención".
Granma, órgano del Partido Comunista, dijo que "el país ha concentrado esfuerzos en honrar sus amplios compromisos en materia de elaboración y presentación de informes a esos órganos".
Ante otras preguntas formuladas por los relatores, los representantes del Gobierno cubano insistieron en que "el detenido tiene garantías, se avisa a su familia y tiene derecho a que se le respete la integridad personal".
Asimismo defendieron que entre las "24 y 72 horas se establece la medida cautelar al detenido y que en principio nadie dura más de 24 horas detenido sin ser llevado ante fiscal".
Sin embargo, miembros de la sociedad civil independiente, periodistas, opositores al régimen que son detenidos una y otra vez de forma arbitraria, han denunciado que son mantenidos bajo arresto muchas veces por más de 24 horas, sin permitirles la comunicación con sus familiares, dificultando el acceso a abogados, y poniéndolos finalmente en libertad muchas veces sin cargos.
Los allegados de los detenidos, sobre todo aquellos que son de interés de la Seguridad del Estado, denuncian con frecuencia que deben indagar varios días para conocer el paradero de sus familiares, recibiendo evasivas y engaños de las autoridades. Muchos activistas califican esta práctica de "secuestro" y "desaparición".
Publicado en:http://www.diariodecuba.com/cuba/1488922521_29478.html
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