La misión permanente del Gobierno cubano ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra mintió en un documento que dirigió al Alto Comisionado para los Derechos Humanos a propósito de un requerimiento del organismo internacional relacionado con el Centro de Capacitación Legal Cubalex.
La razón de la preocupación del Alto Comisionado fue la agresión que sufriera Cubalex el pasado 23 de septiembre de 2016 y la prisión indebida en que está confinado desde entonces el brillante abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo.
Tal ha sido la denuncia hecha el pasado 28 de mayo de 2017 por el propio Ferrer, quien se encontraba de pase del CTEM San Miguel del Padrón, una prisión de baja severidad en las afueras de La Habana, donde es de esperar que cumpla la última parte de su reclusión.
Comenta el abogado que la comunicación dirigida por la oficina cubana en Ginebra, cuyo texto obra en su poder y data del 14 de diciembre de 2016, miente al declarar que "las supuestas víctimas o terceros en su nombre no han presentado quejas, denuncias o demandas ante los mecanismos e instancias legales del país (...) No han utilizado ninguna de las vías legales existentes con vista a formular una reclamación a las autoridades cubanas".
"El 14 de diciembre de 2016 ?asegura Julio Ferrer? hacía dos meses que yo había presentado, por intermedio de mi hija Karla Ferrer Soto, una solicitud de revisión de la sanción que se me había impuesto a la Sala Segunda de lo Penal de La Habana. La petición fue entregada el 5 de octubre de 2017 y su número de entrada es el 261", precisa.
"La presidenta de esa sala, Silvia María Jeréz Marimón, le indicó a mi hija que fuera el viernes siguiente a la fecha en que ella presentó esa queja para darle respuesta. Karla fue y ella, por un evento relacionado con el Derecho, no pudo atenderla y le dejó dicho que fuera el viernes siguiente. El viernes siguiente le dijo que estaba analizando el asunto, que no podía decidirlo sola y que tenía que colegiarlo con el resto de los jueces de la sala. Karla fue la semana siguiente y ella le dijo que todavía no había respuesta, y así durante varias semanas", añadió. "La respuesta nunca llegó".
La ausencia de respuesta de la institución legal motivó que padre e hija formularan una queja a la Asamblea Nacional del Poder Popular que fue entregada el 1 de febrero de 2017. El máximo órgano legislativo sí respondió la queja de Karla Ferrer por medio de Madalina Marrero Delgado, jefa del Área de Atención a la Población.
"Le comunicamos que hemos tramitado su carta al Tribunal Supremo, solicitando se valore y ofrezca la respuesta pertinente", decía la respuesta.
La carta del órgano legislativo tiene fecha 20 de abril de 2017. Casi mes y medio después, Julio Ferrer y su hija siguen sin recibir respuesta a la solicitud de revisión de octubre de 2016.
La persecución institucional contra Julio Alfredo Ferrer Tamayo ha sido un estigma para militares y abogados cubanos. La mentira y los calificativos que usa la misión cubana ante la ONU en la comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde no dudan en asumirse víctimas de gobiernos extranjeros y calificar de "vulgares delincuentes comunes" al equipo de abogados de Cubalex, extiende el oprobio a sus diplomáticos.
Publicado en:http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/1496424105_31607.html
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